American Coalition for Clean Coal Electricity (ACCCE)

Nominada por estar involucrada en una escandalosa farsa de cabildeo contra el Proyecto de Ley del Clima estadounidense y por intentar ocultar la magnitud de sus actividades de lobby.

Antecedentes

La American Coalition for Clean Coal Electricity (ACCCE) es la organización de relaciones públicas que reúne a las empresas estadounidenses de la industria del carbón. En 2008, ACCCE gastó al menos US$45 millones en publicidad destinada a convencer a los estadounidenses de que el “carbón limpio” es la solución al cambio climático. Al mismo tiempo, las industrias de carbón y de servicios de energía eléctrica destinaron más de US$125 millones durante los primeros nueve meses de 2008 para el cabildeo en el Congreso a fin de que éste postergara las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero hasta que estuviera pronta la tecnología del carbón limpio.

En respuesta a ello, cinco organizaciones ambientalistas en los Estados Unidos –lideradas por la Alliance for Climate Protection (Alianza para la Protección del Clima) - crearon la “Reality Coalition”, afirmando que “en realidad, el “carbón limpio” no existe”.

El Escándalo de la farsa del cabildeo

En agosto de 2009, quedó al descubierto que ACCCE estuvo involucrada en una campaña de cartas falsas cuyo objetivo era desprestigiar al Proyecto de Ley del Clima conocido como el Proyecto Waxman Markey.

ACCCE había contratado a la empresa consultora en cabildeo, Hawthorn Group, para que llevara adelante una campaña de cabildeo contra la Ley del Clima. Hawthorn a su vez contrató a Bonner y Asociados, una compañía de Relaciones Públicas especialista en farsas de campañas (astroturf), con antecedentes de haber trabajado para industrias controvertidas como las grandes tabacaleras y Pharma, para que orquestara una movilización de base en contra del Proyecto de Ley.

Bonner y Asociados, y su subcontratista Lincoln Strategies, enviaron a los legisladores como mínimo 199 cartas, acompañadas de unas 4.000 llamadas telefónicas en contra del Proyecto de Ley del Clima. Se sabe que al menos 12 de esas cartas son un fraude, y fueron enviadas pretendiendo ser iniciativa de grupos contrarios al Proyecto de Ley.

Las cartas fueron redactadas de forma tal de hacer creer que eran enviadas por nueve grupos diferentes, incluyendo organizaciones de ciudadanos de la tercera edad, grupos hispánicos, grupos de defensa de los derechos de la mujer y la National Association for the Advancement of Coloured People. Incluso tenían membretes falsos y signatarios completamente ficticios.

Una de las cartas falsas decía “Muchos de nuestros mayores, como ustedes saben, viven con ingresos fijos bajos. Algunos, incluso, han sufrido una reducción de sus jubilaciones y pensiones, lo que hace más difícil las opciones a la hora de cubrir sus necesidades básicas (alimentos, medicinas, y otros similares). El costo de calefaccionar y enfriar sus hogares, el agua caliente y el uso de otros artefactos eléctricos constituye una parte importante del presupuesto de estas personas mayores... Nuestro estado obtiene el 56% de la energía eléctrica del carbón. Los instamos a aprobar una legislación que reduzca los gases de efecto invernadero, pero que al mismo tiempo proteja a las personas de la tercera edad y a los consumidores de un aumento que haga inaccesible cubrir la necesidad básica de electricidad”.

Después de conocido el escándalo, el Congresista Edward Markey, uno de los autores del proyecto de ley, declaró “Hemos visto como se ha estado creando una falsa alarma entre los ciudadanos estadounidenses de tercera edad con el tema de la atención de la salud, y ahora vemos como a partir de un fraude se intenta utilizar a los ciudadanos de la tercera edad para combatir la energía limpia”. Una investigación realizada por este comité descubrió que, a pesar de que ACCCE supo de las falsificaciones de Bonner dos días antes de la crucial votación del Proyecto del Clima no lo notificó al Congreso sino hasta haber transcurrido varias semanas.

“La inacción deliberada antes de que se efectuara la votación en la Cámara y su silencio después de la votación –que se extendió por unos 40 días después de que ACCCE supiera lo que había sucedido- es un hecho muy preocupante”, escribió Markey en una carta dirigida al Presidente de ACCCE y al Director Ejecutivo Stephen L. Miller.

Después de que estas revelaciones provocaron un fuerte enojo en la ciudadanía, ACCCE y Bonner declararon que las falsificaciones encubiertas habían sido obra de un empleado estafador que fue despedido. Pero cuando se descubrieron nuevas falsificaciones las evidencias sugirieron que se trató de una maniobra bastante más amplia y mucho más concertada.

Durante una audiencia del Congreso en relación a las falsificaciones, Markey declaró que: “Hay quienes hoy sostendrán que estas cartas son atribuibles a un empleado temporal, cuando, en realidad, este fraude es fundamentalmente producto de una ausencia sistémica de vigilancia y control de calidad, combinada con una desconsideración sustantiva de los hechos”.

Además, un documento que se filtró de Bonner y Asociados y llegó a la oficina del Congresista Markey, incluía un conjunto de “temas de discusión” donde se instruía específicamente a los empleados a mentir a las organizaciones de la comunidad con las que se comunicaban. Se les decía que debían decir que estaban trabajando para grupos de adultos mayores y veteranos, y que otros grupos de adultos mayores y veteranos habían redactado la carta que les presentaban para que firmaran, cuando en realidad estaban trabajando directamente para una organización de la industria del carbón.

Este documento daba instrucciones a los empleados de Bonner, que en su “gran mayoría” son empleados temporeros contratados para realizar llamadas y enviar cartas al Congreso con objetivos organizacionales predeterminados. En el mismo se los instaba a “Relacionarse con el grupo al que nos dirigimos” y “Hacer que la conversación sea algo personal”.

A pesar del escándalo, ACCCE anunció que iba a continuar utilizando los servicios de Hawthorn Group en una nueva campaña de US$1 millón para lograr el apoyo de los Senadores demócratas a fin de revertir la legislación sobre el clima en el Senado. El nuevo proyecto de Relaciones Públicas apunta a utilizar un ejército de 225.000 voluntarios al que se ha denominado “El Poder de América”, para concurrir a las asambleas de los municipios y otras reuniones donde se presentan los miembros del Congreso y allí plantear interrogantes sobre la política energética.

Las cartas de terceros “no son cabildeo”

En octubre de 2009, el Comité de Edward Markey anunció que iba a ampliar el alcance de su investigación sobre las cartas falsas, a una denuncia por cabildeo no declarado. Esto es importante, ya que las reglas de transparencia en Estados Unidos establecen que toda actividad de cabildeo debe ser declarada en un registro central. El comité le preguntó a ACCCE si su declaración de cabildeo de 2008 y de la primera mitad de 2009 debería haber incluido el trabajo realizado por el Grupo Hawthorn para coordinar esfuerzos contra el Proyecto de Ley del Clima.

ACCCE abonó al Grupo Hawthorn más de US$7 millones en 2008 y cerca de US$3 millones en la primera mitad de 2009 por concepto de acciones de cabildeo para dicha entidad, sin embargo esto no figura así en los registros de ACCCE. De Abril a Junio de 2009, los meses clave previos a la votación, ACCCE pagó a Hawthorn US$975.000 por actividades relacionadas con la Ley del clima. Sin embargo, en ese mismo período de tres meses ACCCE informó un gasto total de US$545.000 en actividades de cabildeo.

Los abogados de ACCCE han argumentado que la campaña de cartas del grupo Hawthorn no cuenta como acción de cabildeo según la definición del Congreso en la Ley de Declaración de Actividades de Cabildeo, en tanto éstas fueron escritas por terceros y no por ACCCE.

Otros no comparten esta apreciación. Lee Mason, de OMB Watch, una organización que se dedica a la vigilancia gubernamental, sostiene que cualquier intento de influir en la votación de los legisladores “debería ser considerado cabildeo. Si se les dice a los legisladores que deben tomar una determinada acción, una vez que se le plantea al Congreso que adopte posición sobre ese tema, uno está participando activamente en una actividad de cabildeo”.